Surge primera ronda de demandas contra El Maloro y Cía. por quebranto al municipio

El ayuntamiento de Hermosillo, encabezado por Célida López Cárdenas, madrugó con el trámite de los primeros 15 procedimientos contenciosos administrativos que demandan anular, revocar o declarar ilegales actos específicos de autoridad emitidos por funcionarios de la pasada administración y que presuntamente causaron un daño al patrimonio territorial y financiero de la ciudad.

El Ayuntamiento inicio juicios administrativos contenciosos radicados por el órgano de control interno y otras dependencias de representación jurídica, con independencia de los procesos penales que surjan de las revisiones de las Cuentas Públicas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Contralorías Estatal, el órgano municipal o de demandas penales o civiles de ciudadanos o personas morales derivado de agravios a sus intereses.

La actual administración, por vía inmediata y expedita de la justicia administrativa busca que los servidores públicos que pudieron haber incurrido en actos al margen de la ley en el uso, manejo y destino de los recursos públicos o en actos administrativos celebrados con particulares al margen de los intereses colectivos y de la responsabilidad social del ayuntamiento, sean aclarados cabalmente ante el tribunal garante.

En su primer mensaje a los hermosillenses como alcaldesa durante el acto de su toma de posesión verificado el pasado 16 de septiembre, Célida López Cárdenas, confirmó lo que en campaña proselitista era sospecha fundada:

Que la comuna habría sido saqueada en sus finanzas y patrimonio territorial mediante actos de autoridad ilegales impulsados por su antecesor y algunos de sus colaboradores.

La presidenta de la capital sonorense estableció -como primer compromiso con los hermosillenses-  que todo aquel ex servidor público o particular que eventualmente hubieren causado un daño al patrimonio de los hermosillenses, serían llamados a cuentas a través de los cauces legales existentes, haciendo especial énfasis sobre la presunta responsabilidad del Maloro Acosta en la bancarrota con la que inició su gestión y el saqueo de las reservas territoriales de la comuna que hicieron empresarios inmobiliarios en contubernio con los tres órdenes de gobierno.

“El Maloro, todos y cada uno de los servidores públicos que le han fallado a Hermosillo van a tener que enfrentar la consecuencia de las observaciones de las auditorías y la falta de solventación de las mismas ante el mal uso que hicieron de los recursos públicos”, dijo en su toma de posesión la morenista.

Tras escasas dos semanas en el cargo, el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora (TJAS), resolvió la valides de las demandas de juicios administrativos y, a propuesta de del togado presidente, Aldo Padilla Pestaño, acordó dar entrada a lo que se asume como un primer paquete de juicios administrativos para combatir actos de autoridad de funcionarios responsables de diversas dependencias municipales de la administración priista anterior.

El paquete de demandas de juicio administrativo fue turnado a la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora

Dossier Político tuvo acceso al documento donde se registran los acuerdos aprobados por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora en sesiones plenarias verificadas los días 28 de septiembre, primero y 02 de octubre del año en curso en donde aceptan la competencia para conocer los asuntos que contienen las demandas y se asigna la ponencia al expediente respectivo.

Del documento oficial se deduce que entre los días 24 de septiembre y el 02 de octubre próximo pasado se radicaron un total de 15 demandas de juicio contencioso contra funcionarios por aproximadamente 30 actos administrativos específicos ejercidos por la autoridad municipal anterior bajo la presunción de ser ilegales.

Encabeza la lista con 11 demandas acumuladas el ex Coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Hermosillo, Miguel Ángel Córdova Flores,   quien públicamente ha sido señalado como presunto responsable del quebranto al patrimonio de la comuna capitalina por la discrecionalidad en desincorporacion de suelo urbano de las reservas municipales en beneficio de particulares y no de la colectividad.

Con el expediente 149/2018 se tramita el juicio administrativo contra del ex Director de Servicios Públicos Municipales y otros, Luis Fernando Pérez Puma riño; exp 124/2018 y 144/ 2018 vs el ex titular de Tesorería Municipal, Tadeo Iruretagoyena Tirado; exp 140/2018 vs ex Coordinador de Cobranza de la Tesorería Municipal y exp. 137/2018 vs ex coordinador de Jueces Calificadores del municipio.

Tambien serán requeridos por la justicia administrativa el ex comisario de Policía y Tránsito, Jorge Suilo Orozco, entre otros ex servidores públicos de la pasada administración.

 

Juicios de lesividad, vía para recuperar lo que se llevaron

 

El Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, recibió hace unos días la primera demanda de muchas, según han declarado las actuales autoridades municipales, que exclusivamente tienen como finalidad el recuperar parte del patrimonio territorial que le fue despojado a la ciudad, con especial afán, en la pasada administración municipal para beneficiar a empresas particulares y personas físicas.

Ante esto, el actual ayuntamiento encabezado por Célida López Cárdenas busca la nulidad de no pocas resoluciones administrativas acordadas en el mandato del priista y secuenciadas en los mismos términos por su suplente Angelina Muños Fernández.

Este procedimiento administrativo llamado Juicio de Lesividad es el que radicó la administración de Célida López y va en contra un procedimiento de compraventa de terrenos en las reservas urbanas de alta plusvalía a precios subvaluado y al margen de ley para beneficio de quien fuera exdirigente en Sonora del PAN, Juan Bautista Valencia Durazo.

Estos hechos fueron atribuibles al panista pocos días antes de concluir la gestión de Javier Gándara, en el 2012 y el procedimiento ilegal de adquisición de predios urbanos en común acuerdo y confabulación con la autoridad municipal continuo durante la gestión de su correligionario Alejandro López Caballero.

Contra todo lo que se pensaría, a la llegada del priista Acosta Gutiérrez a la alcaldía hermosillense en el 2015, el litigio contra el ex dirigente panista por la adquisición de terrenos en el vado río no continuó su curso tendiente a recuperarlos, sino al contrario, fue motivo de disimulo por parte del alcalde priista.

No solo el ayuntamiento fingió demencia sobre lo actuado por el presidente dos administraciones atrás, sino que extrañamente la investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción dejó en el olvido el asunto de los terrenos del panista, luego de una encarnizada persecución que se había hecho.

Más la FAES si acaso se olvidó de los terrenos, pero no de Juan Bautista Valencia, pues a solo cuatro días de la elección intermedia de junio de este año en Sonora, el panista y otros exfuncionarios del padrecismo fueron aprendidos por elementos al mando de la Fiscalía Especial Anticorrupción y trasladados al Cerezo uno de Hermosillo, donde permanecieron por espacio de 20 días, tras pagar una fianza, alcanzaron la libertad. El último en hacerlo fue Valencia.

La sorpresa entonces, fue que la aprensión de Valencia y correligionarios no había sido derivada de aquella adquisición irregular de terrenos en el Vado del Río que tanto había vociferado la FAES en su persecución contra el panista y todo lo que tuviera olor y sabor albiazul. –

La detención se originó por una acusación de fraude cometido contra la militancia panista que se desempeñó en el gobierno de Guillermo Padrés, a quienes, a través de la tesorería se le descontaba la cuota partidaria a través de su nómina quincenal.
Estos recursos nunca fueron reportados al PAN, aunque se comprobó que salieron de las arcas del gobierno tras el descuento al trabajador militante; la acusación contra Valencia de haberse quedado con poco más de 40 millones de pesos provino de la propia dirigencia que sucedió en el cargo al detenido.

La mal afamada Fiscalía había perseguido desde su creación con gran escándalo mediático las triquiñuelas de Valencia Durazo, en especial la adquisición irregular de los terrenos en el vado del río y había ventilado la compra irregular de un rancho cerca de Apodere, Sonora.

Por cierto, al conocerse los detalles en la compra de los terrenos en el vado, el caso Valencia fue motivo de escarnio y escándalo nacional, pues gracias a las filtraciones que se hicieron desde la FAES sobre detalles del caso, se rego como reguera que un humilde cantinero de Navojoa, Sonora, aparecía como el vendedor de los terrenos en el vado del río y el ex directivo panista el comprador.

Ahora, Célida López Cárdenas desentierra el tema del gandallismo panista para justificar el paso a dar para el gandallismo priista. Por eso es que por estos días ha solicitado al Tribunal de Justicia Administrativa se inicie un juicio de lesividad por el acto de la autoridad que beneficio a Valencia Durazo mediante la compraventa de terrenos en zona de alta plusvalía en detrimento del patrimonio de la comuna.

Este es el primero de algunos juicios similares que tiene planeado radicar en lo sucesivo la gestión de la alcaldesa emanada de Morena a efecto de recuperar el patrimonio despojado por anteriores administraciones a los hermosillenses, particularmente la de El Maloro, que se alió al estado para el agandalle de grandes extensiones de reservas urbanas del ayuntamiento, suelo social y compras a rajatabla de terrenos , donde pretenden  crear zona de corredores urbanos, vial y zona verde, con recursos del erario pero para fines de beneficiar a la ambición inmobiliaria que son ellos mismos.

Ahora, la nueva administración del ayuntamiento   hace valer una prerrogativas que le confiere la Ley de Justicia Administrativa como titular der una entidad pública agraviada por terceros particulares y el vehículo para lograrlo fueron los propios actos de autoridad dentro del mismo orden de gobierno, pero bajo otra administración.-

Estos juicios, de acuerdo a criterios de la Corte, incluyen la garantía de poner a salvo los derechos de la autoridad municipal ante una ilicitud en actos que ella misma realizó con particulares, bajo este procedimiento, y  en sala administrativa,  los efectos son retroactivos y más expeditos para recuperar el patrimonio.

En términos coloquiales, algunas tesis de togados de la justicia de la unión han explicado  este tipo de juicios en analogía a una demanda de la autoridad administrativa a sí misma, en donde , aun cuando un particular es  señalado  como actor, no es posible que adjudique violación a sus derechos al desposesionarlo de un bien que, no ha podido comprobar ante el tribunal admistrativo que adquirió legalmente y de buena fé y, a sabiendas que lesionaba los intereses  colectivos para saciar sus propios intereses de enriquecimiento.

Serán estos juicios de lesividad los que en adelante emprenderá la administración municipal como alternativa más expedita para regrear el patrimonio a la comuna sin violentar los derechos de los particulares beneficiados pues, en todo momento, estan a salvo todos los derechos del gobernado.

Principalmente, la justicia administrativa en este tipo de litigios tutela a favor de las partes los derechos de audiencia para que ambas partes en forma expedita y libre demuestren como mejor les convenga, pero fehacientemente, que el bien o el servicio que prestó lo hizo de una manera plenamente legal y con apego a los principios de prevalencia de los derechos colectivos sobre los particulares como es el quehacer de toda entidad emanada de un poder del estado nación, territorio o región.

Fuente:

Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico
Dia de publicación: 2018-10-05

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